I. CARTA DESDE ANDALUCÍA: LA TUMBA DE LORCA

En Granada hay una calle estrecha que rebasa las arboladas rampas de la Alhambra y sube por una colina hasta el cementerio de la cumbre. La tierra de los alrededores es de un rojo subido y los olivos que motean las suaves terrazas son verdigrises y muy viejos. La tapia del cementerio, de ladrillo enyesado, es alta, larga y del mismo color que la tierra, y está coronada por tejas. Hay en todo una agradable simetría.

En la esquina de abajo por la izquierda de la tapia, en un tramo de unos seis metros de anchura, hay unos boquetes del tamaño de un huevo, impactos de proyectiles que dan fe de los fusilamientos que se perpetraron allí en el verano de 1936. Murieron más de mil personas, conducidas al cementerio por la noche en camiones descubiertos. Los turistas norteamericanos que se alojaban en las pensiones camino abajo hablaron después del horror de ser despertados antes del alba por los chirriantes cambios de marcha de los camiones que subían con su lúgubre cargamento, y minutos después por los inconfundibles estampidos de las descargas. Uno de los fusilados del cementerio fue el socialista Manuel Fernández-Montesinos, que acababa de ser elegido alcalde de Granada. Fue fusilado el 16 de agosto con otras doscientas treinta personas. Aquel mismo día detuvieron en la ciudad a su cuñado, el poeta Federico García Lorca, ya internacionalmente conocido. Dos días después fue asesinado en una ladera solitaria, en un barranco en las afueras de Alfacar, un pueblo situado a unos kilómetros de Granada.

Estuvieron entre las primeras víctimas de una purga salvaje que empezó con la toma de Granada, el 20 de julio, por un grupo de conspiradores militares y falangistas que se habían unido a la rebelión militar iniciada dos días antes contra el gobierno frentepopulista de la República. El jefe de la sublevación era un general de cuarenta y cuatro años llamado Francisco Franco. Franco no tardó en convertir el movimiento fascista español, Falange Española, en su vehículo político, y buscó y recibió ayuda militar de Hitler y Mussolini. En los tres años que duró la guerra civil murió más de medio millón de españoles. Vencida la República en abril de 1939, Franco se proclamó Caudillo de España e instituyó una dictadura que duró treinta y seis años, hasta que murió, en 1975.

Una tarde de invierno que fui al viejo paredón del cementerio de Granada, el lugar estaba desierto y solo vi un ramo de rosas que se marchitaban al pie de la tapia, debajo de una constelación de impactos de bala. Los impactos estaban aproximadamente a la altura de la ingle de un hombre erguido. Así se lo dije a mi acompañante, Juan Antonio Díaz, profesor de filología inglesa y alemana en la Universidad de Granada. Observó la tapia y respondió con naturalidad: «No si estás de rodillas. Te alcanzarían a la altura de la cabeza. –Un momento después lanzó una maldición–. Han quitado la placa. Sabía que la quitarían.» Señaló un espacio descolorido en la tapia. Me contó que el verano anterior, él y otros miembros de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica habían celebrado una ceremonia para honrar a las víctimas de aquellos pelotones de fusilamiento y habían dejado una placa que decía: «A las víctimas del franquismo que fueron fusiladas en esta tapia por defender la legalidad democrática de la República». Sin la placa, no había nada que sugiriese que allí había tenido lugar un suceso trágico.

A unos metros habían garabateado un grafito con aero sol: «Melo estuvo aquí y ha vuelto».

Más allá del cementerio se veían los picos de Sierra Nevada. Estaban cubiertos de nieve reciente, teñida de rosa por la moribunda luz del día.

Hasta la muerte de Franco hubo un manual, titulado El parvulito, que circuló por los parvularios de España. Los niños de cuatro y cinco años aprendían en él, en una página titulada «El Alzamiento Nacional», lo que eran la guerra civil y el régimen de Franco. Al pie de una ilustración en que se veía a un soldado en actitud decidida, con fusil y bayoneta calada, se decía: «Hace varios años España estaba muy mal gobernada. Todos los días había tiros por las calles y se quemaban iglesias. Para acabar con todo esto, Franco se sublevó con el ejército y después de tres años de guerra logró echar de nuestra Patria a sus enemigos. Los españoles nombraron a Franco Jefe o Caudillo y desde el año 1936 gobierna gloriosamente a España.»

La represión que aplicó Franco después de la guerra duró varios años. Hasta 1945 hubo 450.000 españoles encerrados en campos de concentración. Hasta los años cincuenta fueron habituales las ejecuciones de presos políticos, por garrote y fusilamiento. Más de 650.000 españoles huyeron del país. Durante la atenuada apertura que caracterizó la transición política de España a la muerte de Franco, los asustados políticos de la incipiente democracia adoptaron la postura de no mirar al pasado. En 1977, el parlamento concedió una amnistía general que sellaba un «pacto de olvido» y hacía borrón y cuenta nueva. Hace unos diez años, sin embargo, los grupos de recuperación de la «memoria histórica» empezaron a derribar las barreras. Dirigidos por descendientes de republicanos, comunistas y anarquistas asesinados, abrieron las fosas comunes donde sus abuelos llevaban décadas enterrados y volvieron a inhumarlos oficialmente. Sus actividades engendraron un creciente grupo de presión pública que pedía una confrontación nacional con el pasado del país. Pero el gobierno conservador del Partido Popular del presidente José María Aznar, que estaba en el poder desde 1996, se opuso a aquellas peticiones. Cuando Aznar fue derrotado en las elecciones de 2004 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la idea se aceptó oficialmente. El Congreso aprobó en 2007 una Ley de Memoria Histórica que reconocía a todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura de Franco y autorizaba la apertura de los millares de fosas comunes de aquella época. La ley, además, concedía la ciudadanía española a los descendientes de los republicanos expatriados. (Un millón de personas, sobre todo en América Latina, puede solicitar pasaporte español; entre ellas hay 200.000 cubanos. En febrero de 2009 se entregaron los primeros pasaportes.)

Pero la aplicación de la ley ha sido irregular en lo que se refiere al delicado tema de las exhumaciones. El 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón, célebre por recurrir a las leyes internacionales en 1998 para detener en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de matar, torturar y hacer desaparecer a ciudadanos españoles, hizo que la campaña diera un gran paso adelante. En respuesta a las demandas presentadas por familiares de víctimas de Franco, Garzón falló que Francisco Franco y otros treinta y tres individuos eran culpables de crímenes contra la humanidad. Los acusó de haber participado en «una campaña sistemática de desapariciones forzosas, asesinatos, torturas y detenciones en masa». Hizo pública una lista de 144.000 víctimas asesinadas o desaparecidas. Tras declarar nula la amnistía de 1977, Garzón ordenó que se investigaran los crímenes y la exhumación inmediata de diecinueve fosas comunes, entre ellas la supuesta tumba de Federico García Lorca. Fue en respuesta a una petición de exhumación presentada por la nieta de Dióscoro Galindo, que murió con Lorca y otros dos. (Galindo era maestro de escuela y republicano. Los otros dos eran Francisco Galadí y Joaquín Cabezas, banderilleros y anarquistas.)

La iniciativa de Garzón, la primera investigación oficial de la represión franquista, fue aplaudida por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ian Gibson, biógrafo de Lorca, autor de la primera investigación seria sobre el asesinato del poeta, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca (1971), me dijo que estaba muy emocionado, «porque por fin va a saberse en todo el mundo la verdad del genocidio franquista y del terrible y opresivo silencio que hubo no solo en los cuarenta años de dictadura, sino también en la transición».

La medida de Garzón desató por otro lado un acalorado debate público interior. El problema es que la guerra civil terminó oficialmente hace setenta años, pero vencedores y vencidos no han acabado de reconciliarse y el conflicto sigue enfrentando a los herederos políticos y a los descendientes. Manuel Fraga, político octogenario que fue ministro con Franco, comentó preocupado que «No es bueno remover el pasado; deberíamos dejar las cosas como están», mientras que el ex presidente Aznar, cuyos padre y abuelo estuvieron con Franco, habló sombríamente de la «gente decidida a destruir España». El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, solicitó de la Fiscalía la paralización de las diligencias de Garzón, acusando a éste de emprender una «inquisición general» «difícilmente compatible con el alcance, límites y fines del proceso penal en un Estado de derecho».

En medio del revuelo mediático levantado por la perspectiva de exhumar a Lorca, llegó la sorprendente noticia de que los familiares del poeta se oponían a la exhumación. Lo habían dicho antes, pero ahora lo volvieron a recalcar. En un escueto comunicado de prensa, los familiares manifestaban que respetaban «los deseos de todos los familiares de las víctimas», pero no querían que la exhumación se convirtiera en un «espectáculo mediático». «Reiteramos nuestro deseo, tan legítimo como el de otros familiares, de que los restos de Federico García Lorca reposen para siempre donde están.» La postura de los herederos del poeta fue incomprensible para muchas personas y dio lugar a rumores de todas clases. Uno decía que la familia se «avergonzaba» de la homosexualidad de Lorca; otro, que la familia ha bía desenterrado los restos hacía años y los había vuelto a inhumar en un sitio secreto.

Fui a Granada en noviembre de 2008, mientras las diligencias de Garzón seguían paralizadas por la solicitud del fiscal jefe. Busqué a Juan Antonio Díaz, a quien había conocido en una visita anterior. Díaz tiene cincuenta y nueve años, creció en Granada durante las largas secuelas de la guerra civil y recuerda una infancia frustrada por el estricto autoritarismo de su padre, que era ferviente franquista. «En aquella época había un Franco en todas las casas; en la mía era mi padre.» Hoy, la ciudad de Granada es más grande que en tiempos de Lorca, pero sigue siendo muy conservadora. Un dato quizá revelador sea que no hay en toda la ciudad ni un solo monumento al poeta, mientras que sí hay uno, en una plaza del centro, dedicado a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española. «La burguesía de aquí es otra cosa», dice Díaz. Lorca, poco antes de su muerte, había condenado en público a la clase dirigente de Granada, diciendo que era «la peor del mundo» y, según Díaz: «Por haber atacado a la burguesía granadina, Lorca quedó al descubierto. Con aquel gesto y con su poesía, había dado a entender que estaba con la República y a la izquierda.» Y eso, en el verano de 1936, era suficiente para merecer la muerte. «Esa misma burguesía mataría a Lorca hoy y dentro de cien años», dijo Díaz.

Lorca también era hijo de la burguesía de Granada; su padre era un terrateniente adinerado, aunque la familia estaba estrechamente identificada con la República y sus valores sociopolíticos liberales. Una hermana de Lorca estaba casada con Manuel Fernández-Montesinos, el desventurado alcalde socialista de la ciudad, y su hermano estaba casado con una hija de Fernando de los Ríos, uno de los principales pensadores socialistas y políticos del país. El propio Lorca había hecho giras por España desde 1931, con su propia compañía de teatro, La Barraca, dentro de un plan de difusión cultural promovido por el Ministerio de Educación. Aclamado autor del Romancero gitano, de 1928, y de Bodas de sangre, de 1932, Lorca era el poeta y dramaturgo más célebre de España. Entre sus amigos más íntimos estaban los extravagantes vanguardistas Salvador Dalí y Luis Buñuel. Lorca tenía treinta y ocho años y todos sabían que era homosexual. Era, pues, una figura llamativa, destacada y polémica para muchos vecinos de su ultracatólica ciudad provinciana.

A propósito de la oposición de los herederos de Lorca a exhumar los restos de su famoso pariente, Díaz cabeceó con una mueca de desdén. «Cualquier persona normal, con un pariente cercano, un padre, un tío, un hijo, que hubiera desaparecido misteriosamente, y sabiendo que ha sido asesinado, debería sentir interés, por poco que fuera, por saber su paradero. Y más en el caso de Lorca, porque Lorca no es patrimonio de una sola familia, sino de todas las personas decentes de este mundo. La gente normal quiere saber qué pasó y dónde está Lorca. Pero al parecer hay personas que no son normales y no pueden solucionar sus traumas personales y familiares.»

Díaz me presentó a algunos amigos suyos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Su presidenta, Maribel Brenes, es una atractiva arqueóloga de treinta y tantos años. En los dos últimos años había compilado un mapa de todas las fosas comunes de la provincia. Según me contó, había 125, con unas 12.000 víctimas enterradas. Le pregunté por su motivación y me respondió que no era personal. Uno de sus abuelos había combatido con Franco. «No es por venganza, es por documentación histórica –dijo Brenes. Y añadió–: Los españoles somos unos hipócritas. Nos horrorizamos por lo que hizo Pinochet en Sudamérica, pero nadie ha hecho nada por nuestros propios desaparecidos.»

Con Brenes trabaja Francisco Vigueras, autor de varios libros sobre la guerra civil. Vigueras admitía que, en su caso, el tema de la memoria histórica sí era personal. Su tío abuelo estuvo entre los fusilados en el cementerio de Granada en agosto de 1936. «Es increíble que setenta y dos años después sigamos nadando a contracorriente –exclamó–. ¿Cuándo va a terminar esto?» Le pregunté a propósito de la postura de la familia de Lorca. Arrugó la frente y dijo: «La tumba tiene que abrirse. Un país moderno como España tiene que afrontar su pasado, sin miedo.»
 

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Traducción de Antonio-Prometeo Moya.

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